Kentucky: Conflicto por altas tasas y falta de servicios
El exclusivo barrio privado Kentucky de Funes aporta aproximadamente $670 millones anuales en concepto de Tasa General de Inmuebles (TGI) al municipio, alcanzando un total de $1.000 millones al sumar otros impuestos. Este monto representa entre el 8% y el 10% de los ingresos municipales. Sin embargo, ha surgido un fuerte conflicto, ya que los residentes cuestionan la falta de servicios públicos, especialmente dado el alto costo tributario. Los terrenos vacíos son los más afectados, con tasas aún mayores que generan malestar entre los propietarios.
Uno de los principales puntos de conflicto es el tratamiento desigual hacia los terrenos deshabitados, que enfrentan tasas aún más elevadas. Los vecinos han reclamado por mejoras en infraestructura, mantenimiento y otros servicios básicos que consideran insuficientes, especialmente para quienes cumplen con estas obligaciones fiscales.
Reclamos vecinales y posible solución
Las quejas de los vecinos no se limitan sólo al monto de los impuestos, sino también a la falta de transparencia en la distribución de estos fondos. Algunos propietarios se han organizado para exigir una mejor relación entre lo que pagan y lo que reciben en términos de servicios municipales. Además, se ha propuesto revisar la tasa que afecta a los terrenos sin construcciones para hacerla más equitativa.
Por su parte, las autoridades municipales argumentan que Kentucky, al ser un barrio cerrado y de lujo, requiere inversiones importantes en infraestructura y seguridad, lo que justifica en parte el monto de los impuestos. Sin embargo, la discusión sigue abierta, y se espera que en los próximos meses se implementen medidas que apunten a reducir las tensiones entre ambas partes.
Reflexiones finales
El caso de Kentucky en Funes refleja un problema más amplio que afecta a muchas comunidades privadas en Argentina: el equilibrio entre los altos impuestos y la calidad de los servicios públicos. Mientras los residentes piden más transparencia y mejoras, el municipio argumenta que el nivel de vida en barrios como Kentucky exige un gasto importante en infraestructura.
Este conflicto puede marcar un precedente para otros desarrollos inmobiliarios en el país, que enfrentan retos similares en cuanto a su relación con los gobiernos locales y la administración de sus contribuciones.
